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Negociación Colectiva

■La negociación colectiva constructiva no puede tener lugar sin la garantía de la libertad sindical y de asociación. La realización del principio fundamental de la libertad sindical y de asociación establecido en el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) es una condición esencial para la realización efectiva del derecho de negociación colectiva. Sobre estas bases sólidas, la negociación colectiva ayuda a asegurar que los empleadores y los trabajadores expresen su opinión en igualdad de condiciones y que los resultados sean justos y equitativos. Mediante el proceso del diálogo, la negociación colectiva también puede contribuir a unas relaciones laborales adecuadas y ayudar a prevenir los conflictos laborales costosos. A su vez, unas relaciones laborales adecuadas son los cimientos para forjar unas alianzas efectivas basadas en el entendimiento mútuo, la confianza y el respeto, y para promover el desarrollo económico y social equilibrado.

■En la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (la Declaración sobre la Justicia Social),1 adoptada en la 97ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2008, se subraya la importancia de los principios fundamentales de la libertad sindical y de asociación y de la negociación colectiva como derechos y como condiciones propicias para hacer realidad los objetivos estratégicos de la OIT: empleo, protección social, diálogo social y derechos en el trabajo en una economía global.

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El Estado de Derecho en el Mundo: Un Análisis desde una Perspectiva Jurídica

En primer lugar, es importante destacar que el Estado de Derecho no se limita únicamente al cumplimiento de las leyes por parte de los ciudadanos, sino que también implica la existencia de instituciones sólidas y transparentes que garanticen el respeto y la aplicación imparcial de las normas jurídicas. Desde esta perspectiva, la independencia judicial juega un papel fundamental en la protección de los derechos individuales y en la salvaguarda de los principios democráticos.

Sin embargo, en muchos países alrededor del mundo, la realidad dista de este ideal. La corrupción, la falta de acceso a la justicia y la violación sistemática de los derechos humanos son problemas persistentes que socavan la legitimidad de las instituciones estatales y erosionan la confianza de los ciudadanos en el sistema legal. En este sentido, es fundamental que los gobiernos y la comunidad internacional trabajen de manera conjunta para fortalecer las instituciones democráticas y promover una cultura de legalidad en todos los ámbitos de la sociedad.

Además, es necesario reconocer que el Estado de Derecho no puede ser un concepto estático, sino que debe adaptarse a los desafíos y cambios que enfrenta la sociedad. En un mundo caracterizado por la rápida evolución tecnológica y la globalización, las leyes y las normativas deben ser flexibles y estar en constante revisión para garantizar su eficacia y relevancia en el contexto actual. Asimismo, es fundamental promover la educación en materia legal y los valores democráticos desde una edad temprana, con el fin de fomentar una ciudadanía informada y comprometida con la defensa del Estado de Derecho.

En conclusión, el Estado de Derecho es un principio fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible de las sociedades en el mundo. Si bien existen desafíos significativos en su aplicación y cumplimiento, es responsabilidad de todos los actores involucrados trabajar en su fortalecimiento y promoción, con el fin de construir un mundo más justo, equitativo y respetuoso de los derechos humanos.

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